Participación de Celeste Romero en las comisiones por la discusión de la modificación de la Ley de Salud Mental 26.657
En el marco del debate legislativo sobre la posible modificación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, Celeste Romero participó activamente en las comisiones parlamentarias para expresar una postura clara y fundamentada: la ley no debe modificarse, sino implementarse de manera plena y efectiva.
Romero intervino en representación de profesionales y trabajadores de la salud mental, pero también de usuarios, familiares y voluntarios que, desde hace años, sostienen la aplicación de la ley en condiciones precarias y con recursos insuficientes. Su exposición puso el foco en las consecuencias reales que tendrían las reformas propuestas sobre los derechos humanos y la vida cotidiana de las personas con padecimientos mentales.
Por qué no modificar la Ley 26.657
Riesgos en la modificación del artículo 5
Uno de los puntos más críticos señalados fue la propuesta de modificación del artículo 5, que permitiría a los jueces adoptar “medidas de atención urgentes”. Romero advirtió que el concepto resulta ambiguo y peligroso, ya que la ley vigente reserva estas decisiones al equipo interdisciplinario de salud, único capacitado para evaluar riesgos ciertos e inminentes. Además, recordó que dentro de las incumbencias profesionales del derecho no se encuentra la evaluación, el diagnóstico ni el tratamiento en salud mental, por lo que otorgar estas facultades al Poder Judicial implicaría un grave retroceso.Comunidades terapéuticas y retrocesos en el artículo 11
Otro punto cuestionado fue la incorporación de las comunidades terapéuticas como dispositivos formales de salud mental en el artículo 11. Romero alertó que esta medida va en sentido contrario a la experiencia internacional, donde muchos países están reemplazando estos modelos por redes de servicios comunitarios. En este sentido, citó datos alarmantes de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales de la Argentina (FONGA), que señalan que por cada comunidad terapéutica habilitada existen al menos tres que no lo están, e incluso recordó casos de extrema gravedad, como el rescate de 84 personas víctimas de trata en febrero de 2023.Internación involuntaria y estigmatización
Romero también se refirió a las modificaciones propuestas al artículo 20, que amplían los supuestos de internación involuntaria. Señaló que algunos de los criterios incorporados, como la falta de adherencia a tratamientos ambulatorios, son confusos y peligrosos, ya que podrían habilitar prácticas arbitrarias y profundizar la estigmatización de las personas. Con ejemplos claros, explicó que este enfoque podría llevar a patologizar situaciones que no justifican una internación, retrocediendo a modelos que priorizan el encierro por sobre la inclusión y el acompañamiento comunitario.El riesgo de volver al modelo manicomial
En relación con el artículo 27, Romero advirtió sobre el intento de reforzar el rol de los hospitales neuropsiquiátricos, instituciones que históricamente han sido escenario de graves violaciones a los derechos humanos. Mencionó datos alarmantes, como las 171 muertes dudosas registradas en la provincia de Buenos Aires durante 2023, para evidenciar las consecuencias de sostener este modelo. Incluso comparó la situación con experiencias internacionales, señalando que países como Brasil avanzaron en el cierre de grandes hospitales psiquiátricos y en el fortalecimiento de dispositivos territoriales, aún bajo gobiernos de signo político conservador.Implementar la ley: la verdadera urgencia
A lo largo de su exposición, Celeste Romero insistió en que la verdadera urgencia es fortalecer las redes de atención comunitaria, crear dispositivos territoriales, acompañamientos domiciliarios y servicios sustitutivos que hoy no existen o son insuficientes en la mayoría de las provincias. También destacó que la falta de estas políticas empuja a muchas familias a pedir internaciones como única respuesta posible, cuando en realidad nunca se les ofrecieron alternativas de acompañamiento integral.Un llamado a un debate profundo y participativo
Finalmente, Romero reclamó un debate serio, profundo y participativo, con la intervención de organizaciones sociales, organismos internacionales y equipos interdisciplinarios, recordando que la Ley 26.657 fue fruto de años de discusión colectiva y no puede ser reformada de manera apresurada. Su participación en las comisiones dejó en claro que cualquier cambio en materia de salud mental debe priorizar los derechos humanos, la inclusión social y el acceso a una atención digna, comunitaria y respetuosa de las personas.Anónimo
-2026-02-06